Los crímenes que no existen

Por: Blogs ELPAIS.com
Por Verónica Calderón

Hace nueve años que Valentina Rosendo Cantú repite la misma historia. En 2002, soldados del Ejército mexicano irrumpieron en su comunidad (Me’phaa, en Guerrero) y ocho de ellos la golpearon, la violaron y la amenazaron. Tenía 17 años y desde entonces no se ha cansado de pedir justicia. Primero acudió a las autoridades locales. Solo halló negativas y amenazas. Rosendo y otra víctima, Inés Fernández Ortega, denunciaron el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En octubre de 2010 falló a su favor, pero la sentencia no se ha cumplido, según ella misma ha afirmado en la sede de Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), en Madrid. “Solamente pido que se castigue a los militares que me destruyeron la vida. No se ha detenido a ninguno”.

Perseguir la justicia en México no es una tarea fácil: solo se denuncia uno de cada cinco delitos cometidos en el país, según un estudio del Instituto Tecnológico de Monterrey. Y hay razones hay de sobra para la falta de confianza de los mexicanos en su sistema judicial. Ese mismo informe asegura que el 98,5% de los delitos quedan impunes. Y si quien denuncia es una mujer, el asunto va a peor, ha afirmado Minerva Nora Martínez Lázaro, indígena zapoteca y coordinadora del Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco Briseño, que desde hace 15 años, documenta los abusos cometidos contra los pueblos indígenas de Oaxaca: “Cuestionar al Estado mexicano es un trabajo difícil, cuando se habla de las graves condiciones y amenazas de las mujeres y los indígenas nos responden que no es cierto, que no existen”.

La historia de Valentina Rosendo habla de la dificultad que implica perseguir la justicia. Cuando ocurrió el crimen no dominaba el castellano: hablaba tlapaneco, una lengua que comparten 100.000 personas en la zona suroeste mexicana). “Hay víctimas que no denunciaron porque no hablan español”. De ahí, los insultos, las intimidaciones y las amenazas. Y el ensañamiento ha llegado hasta su hija, que ha sufrido intentos de secuestro según casos documentados por las Brigadas Internacionales de la Paz. El mensaje es claro: hacer daño donde más les duele.



La militarización de zonas del territorio mexicano ha causado un profundo daño en los sectores más débiles de la sociedad, opina Gabriela Morales Gracia, coordinadora jurídica de la iniciativa Frontera Norte de México, con sede en Ciudad Juárez. “La violencia sexual se ha incrementado en todo el país y a eso se añade el clima de una cultura machista, permitida por la sociedad”. Morales asegura que, en los casos de violencia sexual a los que ha tenido acceso, solamente uno de cada 10 son denunciados: “Ha habido casos en que las propias defensoras tienen miedo de hablar”.

No es un miedo infundado. Valentina Rosendo da fe. A las amenazas, agresiones y la impotencia de ver a sus agresores en libertad, se añaden las consecuencias en su vida personal. Al poco tiempo de ser violada, su esposo la abandonó. “Hace ocho años que no lo veo”. Las intimidaciones la obligaron a dejar su comunidad poco después. Actualmente vive con su hija, a quien no abandona “ni un segundo. […] Si estoy aquí es en nombre de mi hija”.